La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han presentado dos acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar la anulación de la reforma aprobada por el Congreso de Aguascalientes, donde se reduce el tiempo permitido para realizar un aborto voluntario, limitando aún más el periodo en el que se puede interrumpir el embarazo.
Ambas instituciones consideran que la modificación al Código Penal del estado vulnera los derechos de las mujeres y personas gestantes, argumentando que la reducción del periodo permitido para el aborto restringe su acceso a la salud y a una decisión informada y libre sobre su cuerpo. En los documentos presentados en los estrados de la SCJN, tanto la Consejería Jurídica como la CNDH han solicitado que la Corte revise las modificaciones de la ley, con el objetivo de invalidarlas y proteger los derechos reproductivos.
Caba recordar que fue en agosto de este año cuando el Congreso de Aguascalientes aprobó una reforma que reduce de 12 a seis semanas el periodo para interrumpir legalmente el embarazo. Esta modificación establece que si se realiza un aborto después de seis semanas de gestación, se considerará un delito y será sancionado con prisión.
Esta reforma se aprobó y publicó en el Código Penal de Aguascalientes a pesar de que, apenas ocho meses antes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había ordenado a la legislatura local despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Dicha resolución buscaba homologar las leyes de Aguascalientes con el criterio de la SCJN sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, de acuerdo con los derechos reproductivos y a la salud.
Ante esta situación, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovieron acciones de inconstitucionalidad. Estas instituciones han solicitado a la SCJN que revise y anule la reforma por considerarla violatoria de los derechos de las mujeres y personas gestantes, argumentando que el límite de seis semanas restringe su capacidad de tomar decisiones informadas y ejercer sus derechos de manera plena.
La SCJN deberá determinar si la reforma en Aguascalientes es constitucional o si vulnera los derechos humanos.
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