La obligación de vincular las líneas telefónicas móviles con la CURP antes del 30 de junio ha generado inconformidad entre especialistas en derecho. El integrante del Colegio de Abogados, Salvador Farías, manifestó que esta disposición vulnera la privacidad de los ciudadanos, por lo que afirmó que quienes se sientan afectados pueden recurrir al amparo federal con posibilidades de obtener una resolución favorable.
El abogado informó que ya fue presentado un primer recurso legal contra esta medida ante el Juzgado Primero de Distrito y señaló que cualquier usuario puede promover un amparo. Explicó que estos procedimientos suelen resolverse en un plazo de tres a cinco meses y que es posible obtener suspensiones provisionales mientras se analiza el caso.
Salvador Farías sostuvo que la privacidad de las comunicaciones y de los datos personales debe gozar de la misma protección que la inviolabilidad del domicilio. En ese sentido, advirtió que permitir al gobierno acceder a información vinculada a los usuarios de telefonía representa una intromisión en la esfera privada de las personas.
Cabe recordar que el plazo para registrar las líneas vence el próximo 30 de junio y que, de acuerdo con la disposición, a partir del 1 de julio los números que no hayan sido vinculados a la CURP podrían ser suspendidos, quedando habilitados únicamente para llamadas de emergencia.
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