Alrededor de 150 conductores detenidos por manejar en estado de ebriedad en la capital han promovido amparos para evitar cumplir arresto administrativo en el C4, informó el director de Justicia Cívica del Municipio, Moisés de Luna, quien precisó que la mayoría de estos recursos legales se interponen contra las sanciones derivadas de los operativos de alcoholímetro.
Explicó que, al concederse una suspensión dentro del juicio de amparo, un actuario del Juzgado de Distrito acude a ordenar la liberación del detenido, sin embargo, aclaró que dicha suspensión únicamente aplica para la privación de la libertad y no para las sanciones económicas, las cuales permanecen vigentes.
“Se genera una suspensión y lo que se genera es que si la persona va el actuario de Juzgado de Distrito a dar la libertad por la suspensión, si el usuario genera que sigue el procedimiento de amparo, tiene que presentar pruebas en contra de la autoridad, comúnmente siempre los amparos van para que se le dé salida a la persona detenida”, dijo.
Moisés de Luna detalló que existen dos tipos de sanción por alcoholímetro, una de ellas contempla arresto administrativo de hasta 36 horas, el cual puede evitarse mediante el amparo, pero no así la multa de tránsito, que en una primera falta asciende a aproximadamente 5 mil 750 pesos y puede incrementarse hasta los 16 mil pesos en caso de reincidencia.
Finalmente, el funcionario reconoció que, aunque recurrir al amparo para recuperar la libertad puede considerarse una conducta irresponsable, se trata de un derecho legal de los ciudadanos, por lo que las autoridades continúan aplicando las sanciones conforme a la normatividad vigente.
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